Detectives Norton
Guía · Investigación privada

¿Es legal contratar un detective privado en España?

Sí. Contratar un detective privado es legal en España y está regulado por la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada. La ley exige que el detective esté habilitado, que quien encarga el trabajo acredite un interés legítimo y que la investigación respete la intimidad y los demás derechos de la persona investigada.

Qué permite la ley

El artículo 48 de la Ley 5/2014 define los servicios de investigación privada: averiguaciones para obtener información y pruebas sobre conductas o hechos privados, por cuenta de terceros legitimados.

Abarca los ámbitos económico, laboral, mercantil y financiero, y también la vida personal, familiar o social, salvo la que se desarrolla en domicilios o lugares reservados. Incluye además los delitos que solo se persiguen a instancia de parte, por encargo de quien esté legitimado en el proceso penal.

Requisitos para que el encargo sea legal

  • Detective habilitado y despacho autorizado. La ley prohíbe prestar servicios de investigación sin la autorización o la declaración responsable correspondiente, y ejercer sin habilitación profesional (artículo 10.1). Norton figura con el RNSP nº 10089 y la licencia nº 727.
  • Interés legítimo. El cliente debe acreditar el interés legítimo que alega, y el despacho lo deja anotado en el expediente (artículo 48.2).
  • Proporcionalidad. Las actuaciones deben respetar los principios de razonabilidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad (artículo 48.6).
  • Un informe por servicio. Debe recoger el número de registro del servicio, quién lo encarga, el objeto, los medios, los resultados, los detectives que intervienen y las actuaciones realizadas (artículo 49.1).
  • Reserva. La investigación tiene carácter reservado. Los datos solo se ponen a disposición del cliente o, en su caso, de los órganos judiciales y policiales (artículo 49.5).
  • Conservación. Los informes se archivan al menos tres años. Las imágenes y los sonidos grabados se destruyen a los tres años, salvo que estén vinculados a un procedimiento (artículo 49.4).

Qué es el interés legítimo

Es la relación con el asunto que justifica necesitar la información. Puede tenerla, por ejemplo, una empresa ante una posible baja fraudulenta, un progenitor en un procedimiento de custodia o un abogado que prepara un juicio.

La curiosidad no basta. El despacho valora en cada caso si el interés se acredita antes de aceptar el encargo.

¿Sirve el informe en un juicio?

En un procedimiento civil, la demanda o la contestación pueden acompañarse de informes elaborados por profesionales de la investigación privada legalmente habilitados (artículo 265.1.5.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Si la otra parte no reconoce los hechos, el detective declara como testigo: acredita su habilitación y se ratifica en el informe antes de responder a las preguntas (artículo 380 de la misma ley). La admisión y la valoración de la prueba corresponden siempre al juez.

Fuentes: Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada (BOE) · Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (BOE) · Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial (BOE). Actualizado el por Detectives Norton.

Preguntas
frecuentes.

¿Necesito justificar por qué quiero contratar a un detective?

Sí. La Ley 5/2014 exige que quien encarga la investigación acredite el interés legítimo que alega, y el despacho debe dejar constancia en el expediente (artículo 48.2).

¿Puede un detective investigar un delito?

Solo los delitos que se persiguen a instancia de parte, por encargo de quien esté legitimado en el proceso penal (artículo 48.1.c). Los delitos perseguibles de oficio no puede investigarlos y, si los conoce, debe denunciarlos de inmediato (artículos 10.2 y 37.4).

¿Quién puede ver el informe del detective?

El informe está a disposición del cliente. Los datos obtenidos solo pueden ponerse a disposición de los órganos judiciales y policiales en los supuestos que prevé la ley (artículos 49.3 y 49.5 de la Ley 5/2014).

¿Cuánto tiempo se guarda un informe de investigación?

Al menos tres años. Las imágenes y los sonidos grabados se destruyen a los tres años de terminar la investigación, salvo que estén relacionados con un procedimiento judicial, una investigación policial o un procedimiento sancionador (artículo 49.4).

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